El canciller de la República, Omar Paganini, reconoció en la ONU que el artículo 74 de la Ley de Urgente Consideración (LUC), que elevó a cuatro años de cárcel la pena por algunos delitos vinculados a drogas, provocó efectos negativos en población pobre y vulnerable mayormente femenina, tema del que Graciela Barrera, fundadora de Asfavide y senadora suplente del Frente Amplio, habló en INFO 24.
Barerra valoró que la admisión por Paganini de ese efecto negativo llega “un poco tarde, pero se dieron cuenta” en el gobierno de lo mismo que la oposición y actores sociales advertían al respecto antes de la aprobación parlamentaria y posterior promulgación de la LUC; el reconocimiento oficial se produce “cuando ya tantas mujeres han sufrido, ya eran vulneradas y fueron vulneradas nuevamente”.
“A uno le duele porque el que transita por esas cárceles, el que va a ver, el que trata de ayudar, todas esas personas que lo hacemos, vemos la no rehabilitación, porque no existe prácticamente rehabilitación, y es un deterioro de las personas”, alertó la activista.
El efecto del artículo 74 de la LUC fue “nefasto totalmente, y aparte de eso, el gran narcotraficante puede esperar en libertad su juicio sin problemas, y una mujer, que no sabemos por cuáles razones, porque hay infinidad de razones por las que es vulnerada, por las que trata de entrar esa droga a una cárcel, a esa mujer le dan cuatro años”.
“No todas son narcotraficantes grandes; son mujeres vulneradas, que han pasado miles de cosas y muchas veces está en juego su propia vida si no lo hacen; hay muchas cosas que cambiar y que mejorar”.
Dijo que “la mayoría de las mujeres privadas de libertad hoy tienen entre 25 y 29 años, y en un año se incrementaron en 180, desde abril del año pasado a este abril, 180 mujeres presas (más); y están en una unidad, la 5, en donde la capacidad es para 470 personas privadas de libertad, y hoy hay 773, donde no hay atención en salud mental”.
Recordó que “unos días atrás, en la unidad 5, dos mujeres murieron, dos personas privadas de libertad, que habían cometido un delito y estaban pagando; yo no estoy de acuerdo con la impunidad de nadie, pero para que ellas y (todas) las personas privadas de libertad se puedan rehabilitar, tienen que estar en un lugar digno”, reclamó.
Recordó asimismo que “ellos pierden la libertad ambulatoria, pero después el Estado se tiene que hacer responsable de eso, de atención dentro de allí”, y esto no ocurre, en las cárceles uruguayas “no hay dignidad” y lo ejemplificó explicando que “según consta en las actas, una mujer ha fallecido teniendo droga en su vagina”.
Añadió el caso de “una chica que se había querido autoeliminar, que estaba mal y no hay atención en salud mental”; se afirma que “hay” atención pero es “para 40, 60 personas y nosotros estamos hablando de una población de 15.651 personas al 11 de abril de este año”.
Fuente : M24